El Partido Popular registró ayer, ante el Tribunal Constitucional (TC), una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación, «mediante la que pretenden reformar dos leyes orgánicas –una del Tribunal Constitucional y otra del CGPJ– vía enmiendas de adición», informaron fuentes del Grupo Parlamentario del PP (GPP) en el Congreso
En este escrito, los ‘populares’ adjuntaron el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados aseguraron que hay enmiendas que podrían «no tener una conexión material» además de no guardar «relación de homogeneidad mínima» con la proposición de ley, explicó el PP.
Según la formación que capitanea Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Comisión «obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir dichas enmiendas».
Los ‘populares’ indicaron también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, «por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar».
«Con ello, el GPP pretende defender los derechos fundamentales de los parlamentarios para que se cumplan con todas las garantías. Esto es creer en el Estado de derecho y defenderlo», explicaron las fuentes populares.
En este contexto, el PP pidió ayer también a la Mesa del Senado que frene la tramitación de la reforma del Código Penal, que modifica el Tribunal Constitucional, deroga el delito de sedición y cambia las penas por malversación, y que se llevará a cabo en la Cámara Alta el próximo martes 20 de diciembre, un día después del pronunciamiento del tribunal de garantías sobre la petición del PP para frenar el curso parlamentario de la norma.
Los ‘populares’ solicitaron, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la suspensión de la tramitación de la proposición de ley en el Senado esgrimiendo, entre los argumentos, el «evidente fraude de Ley» que supone no tramitarlo como proyecto de ley para «evitar la literalidad del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial» y «no recabar los informes pertinentes del CGPJ, del Consejo Fiscal, y del Consejo de Estado».
El grupo parlamentario que dirige Javier Maroto también criticó la urgencia de la tramitación porque, según ha explicado, es «incomprensible» que en una reforma «tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento Constitucional» se impida su trámite «de conformidad con los plazos ordinarios».
Con todo, el TC celebrará este lunes el pleno extraordinario para abordar la petición del PP para frenar el curso parlamentario de la reforma del propio tribunal.
La decisión que tomó el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, de suspender el Pleno extraordinario iniciado este jueves para continuarlo el próximo lunes permitió que la proposicion de ley y el conjunto de enmiendas que lleva se pudieran votar este jueves en el Congreso de los Diputados.
Así las cosas, la decisión que finalmente tome el Constitucional sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso de amparo –con las que busca frenar la tramitación parlamentaria de las enmiendas que afectan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al TC– impactará directamente en el recorrido de la proposición de ley en el Senado.
